1. Introducción

El proceso de descentralización territorial, enmarcado dentro de las coordenadas de la Transición e iniciado tras la tras la muerte del dictador Francisco Franco, guarda un capítulo especial para lo que vino a llamarse el “problema vasco”. El encaje político de la cuestión de Euskadi dentro el complejo entramado autonómico se convirtió, citando a Eduardo Álvarez Bragado (2017:1), en “uno de los grandes quebraderos de cabeza de los sucesivos gobiernos de España”. El principal escollo para la solución de este problema se encontraba en la existencia de la banda terrorista ETA, cuya actuación se prolongó durante más de treinta años, causando más de ochocientas víctimas mortales e imponiendo un clima de intimidación prácticamente insostenible en la Comunidad Autónoma (Avilés, 2010).

Tal como recuerda Martín Villa (1984: 175), el fenómeno terrorista es clave para entender la deriva que toma el País Vasco en el camino hacia su autonomía. “Un conjunto de circunstancias que todavía no han sido bien estudiadas hizo que el protagonismo de la reivindicación nacionalista no pasara por el PNV, sino por una banda terrorista, ETA, y que, por consiguiente, no se orientara por las vías de la oposición política, sino por las de la violencia”. El error, además, fue considerar que muerto Franco y con el inicio de la democracia la actividad terrorista acabaría desapareciendo (Preston, 1986), cosa que no sucedió, sino más bien lo contrario, como demuestran las cifras de fallecidos recogidas en el gráfico adjunto (Gráfico 1).

Gráfico 1: Víctimas mortales de ETA (1975-1982)

Fuente: elaboración propia a partir de De la Calle y Sánchez Cuenca (2004)

Como puede observarse, el periodo de mayor violencia por parte de ETA se produjo entre 1979 y 1980, con 173 muertos. La obra de Florencio Domínguez, Vidas rotas: La historia de los hombres, las mujeres y los niños víctimas de ETA (2010), ofrece una idea aproximada del nivel de dramatismo que atravesaba la sociedad española al analizar de manera pormenorizada todos los atentados cometidos por la banda terrorista. Si bien es cierto que esta organización no tuvo el monopolio de la violencia durante la Transición, a la que la historiografía ya se ha encargado de quitarle el atributo de “pacífica” (Baby, 2018), el terror causado por las acciones de la banda Euskadi Ta Askatasuna no tiene parangón con el de otros grupos o grupúsculos de la etapa transicional.

Dado este contexto, no extraña que la cuestión terrorista fuese un claro factor de inestabilidad e inquietud reconocido por la propia ciudadanía española. Un rápido repaso a los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) confirma dicha circunstancia. A la pregunta hecha en las sucesivas encuestas de 1979 y 1980 sobre cuáles eran los asuntos más preocupantes del día a día de los españoles, el terrorismo, junto a la cuestión económica y el paro, se coló siempre entre las respuestas prioritarias.1 A este respecto, resulta interesante prestar atención al papel desempeñado por los medios de comunicación y más en concreto a la televisión a la hora de informar a la audiencia sobre un tema tan delicado y que ha despertado profundos debates en el seno de la profesión periodística.

En la enumeración de elementos fundamentales que propiciaron la creación de un clima propicio para el cambio democrático, los periódicos, revistas, emisoras y, sobre todo, la cadena estatal, se sitúan en las primeras posiciones de la lista (Silva, 1986). De igual modo, el número de autores que han descrito a los medios de comunicación como elementos dinamizadores y sustanciales para la eclosión del nuevo régimen es verdaderamente significativo (Redero San Román y García González, 1992; Barrera, 1997; Zugasti, 2008). Ocurre lo mismo con la televisión, entendida como una herramienta indispensable para orquestar la reforma y llevar a cabo “un modelo muy concreto de Transición” encabezado por el presidente Adolfo Suárez (Martín Jiménez, 2013: 45).

La intersección entre el terrorismo etarra y el rol de los mass media durante el desarrollo democrático, en cambio, determina un campo exploratorio mucho menos prolijo, pero igualmente atractivo en sus aportaciones. La representación del terrorismo etarra en la prensa nacional (Martínez Setién, 1994), regional (Armentia y Caminos, 2012), europea (Díaz, 2009), así como en el medio televisivo (Sánchez García, Rueda Laffond y Coronado, 2009; Martín Jiménez, 2011; De Pablo, Mota y López, 2019), aún requiere de nuevos enfoques. La anteriormente citada Virginia Martín Jiménez expone en “Terrorismo etarra y televisión: TVE como agente conformador de una imagen pacífica de la transición (1976-1978)” (2011) cómo la información ofrecida por Televisión Española sobre el terrorismo en la fase del consenso se orientó a conformar una opinión pública que no comprometiese la transformación que se estaba acometiendo en España:

Televisión Española desarrolló una política mediática estudiada a la hora de enfrentarse al fenómeno terrorista en un momento tan delicado como fue la Transición (…) Esa estrategia mitigó la provocación de los efectos sociales que los exaltados perseguían. En vez de producirse una respuesta autoritaria o un enfrentamiento generalizado se favoreció que la opinión pública, moldeada en gran medida por lo emitido en la televisión estatal, rechazara la violencia, se mostrara partidaria de proseguir por la vía de la reforma política. (Martín Jiménez, 2011: 79)

Aunque se coincide con las argumentaciones de la autora, es conveniente atender a la evolución de esta tendencia a partir de la finalización de esta etapa preconstitucional y el comienzo de un nuevo panorama regido por la inestabilidad y la amenaza constante a la pervivencia del régimen de libertades (De Andrés, 2002). Las turbulencias que caracterizan al periodo que va desde 1979 hasta la fecha clave del 23 febrero de 1981 –resultado en parte de las relaciones de retroalimentación entre golpismo y terrorismo (Muñoz Alonso, 1986)–, junto al incremento del “desencanto” como sentimiento distintivo de esta etapa, obligan al análisis del tratamiento informativo por parte de la pequeña pantalla acerca de las actuaciones de ETA en un tiempo especialmente duro y en el que “los sucesivos atentados llegaron a poner contra las cuerdas el proceso democrático y la misma existencia del Estado de Derecho” (Garrido, 2013: 122).

Partiendo de esta idea, la presente investigación persigue dos objetivos. El primero, estudiar la resonancia mediática que tuvo la violencia etarra en Televisión Española durante los denominados “años de plomo” (1979-1980). Y el segundo, analizar la estrategia audiovisual-informativa de la política antiterrorista seguida por el Gobierno a través de la televisión; medio de comunicación clave en el proyecto suarista y, en múltiples casos, correa de transmisión de los intereses del Ejecutivo. Cabe recordar que TVE era en aquel momento la empresa audiovisual más importante y con mayor capacidad de penetración en la audiencia, además de elemento de conflicto utilizado por el partido en el poder y por el resto de fuerzas como instrumento de oposición (Herrero, 2020). “Para darse cuenta de las cosas que ocurren en Televisión”, anota Juan Felipe Vila-San Juan (1981: 18), “hay que buscar lo que está detrás, las razones y motivos que las provocan”. En ese sentido, añade el mismo autor, lo que está “detrás” tiene que ver (siempre) con la política. “El orteguiano ‘Yo soy yo, y mi circunstancia’ nunca estará mejor aplicado que en el caso de Televisión Española. TVE es el ‘yo’ y la ‘circunstancia’ es la política”, lo cual justifica este doble objetivo del trabajo.

2. Metodología

Esta investigación toma como fuentes principales las hemerotecas de cuatro diarios que pueden considerarse como referentes de la prensa escrita durante la Transición: El País, ABC, La Vanguardia y Diario 16.2 Los cuatro rotativos mencionados forman el podio del periodismo en esta etapa, los cuales, diariamente, dedicaban una página de información a los contenidos que emitía Televisión Española. Aunque a priori pueda sorprender el planteamiento (estudiar un medio a través de otro), la prensa proporciona un material de enorme utilidad para trabajos de esta índole. Los periódicos de la época representan “la referencia más fiable de lo que acontecía en la esfera pública frente a los canales de comunicación del Estado” (Redero y García, 1992: 90), es decir: TVE, Radio Nacional, Prensa del Movimiento, etc.

Dichas páginas sobre la programación son básicas para conocer la parrilla televisiva y registrar la fecha y hora exacta de determinadas emisiones. Muchas noticias, editoriales o comentarios de opinión se centraban con asiduidad en la cadena pública, sus programas, espacios o la manera de abordar una información. Mediante su revisión, por tanto, es posible formar un corpus de estudio considerable que en este caso está integrado por todas las publicaciones que versaron sobre las informaciones y programas dedicados directa o tangencialmente a la banda terrorista ETA. En total han sido 102 las unidades informativas seleccionadas. La ficha de análisis empleada para su análisis está compuesta por los siguientes apartados:

• Variables para la clasificación de las piezas periodísticas: tipo de información (noticia, reportaje, entrevista, editorial, artículo de opinión, carta al director), fecha de publicación, título, autoría, página, sección/ubicación, imagen (si la hubiere), citas textuales, observaciones (si las hubiere).
• Variables para la clasificación de los espacios televisivos citados en la información: título, cadena (Primera o Segunda Cadena), fecha y horario de emisión, género (informativo, formativo, entretenimiento), periodicidad (diario, semanal, mensual, programa especial) protagonismo del fenómeno terrorista dentro del espacio (principal/monográfico o secundario), descripción del contenido del programa.

Otras fuentes utilizadas para esta investigación han sido la revista semanal editada por la propia RTVE, Tele – Radio, y el archivo digital del Congreso de los Diputados, cuyos documentos demuestran que la cobertura informativa del medio público respecto a ETA tuvo puntual protagonismo en el debate parlamentario. De acuerdo a los objetivos de esta investigación, los programas de mayor interés fueron los de tipo informativo, tanto de periodicidad diaria (Telediarios, Especiales informativos), como semanal (Informe Semanal, Siete Días, Primera Página, Parlamento etc.) y emitidos en la Primera y en la Segunda Cadena. Sin embargo, ya que la intención era ofrecer una visión lo más amplia y detallada posible, también se atendió a programas de debate (La Clave, Revista de Prensa) o incluso de corte cultural (Encuentros con las letras) que se refirieron a la misma cuestión.

En cuanto al periodo de estudio, ya se ha justificado en el apartado introductorio la razón de la delimitación cronológica del trabajo. La espiral de violencia terrorista (173 muertos en apenas dos años; una media de un asesinato cada cuatro días), junto al tenso ambiente social que inundó las calles del País Vasco y del conjunto del territorio español hasta el intento de Golpe de Estado del 23-F, permite que esos escasos veinticuatro meses sean lo suficientemente intensos como para analizarlos de manera específica. No hay que olvidar que en octubre de 1979 se aprueba tras referéndum popular el Estatuto de Autonomía de Euskadi; acontecimiento histórico y que marcaría el discurrir de la realidad vasca en los meses siguientes. Tiene lugar entonces otro hecho determinante: las primeras elecciones al Parlamento autonómico (marzo 1980).

En lo que respecta a las hipótesis de investigación, se parte de la premisa de que Televisión Española informó habitualmente de los ataques terroristas de Euskadi Ta Askatasuna (ETA), pero intentó aminorar el impacto de aquellos que pudieran poner en riesgo la estabilidad del Gobierno, la viabilidad del proyecto autonómico en el País Vasco y la democracia española en general. A su vez, se plantea que el deterioro de la imagen pública de Adolfo Suárez en sus años finales como presidente (Contreras, 2016) se vio dimensionada por la manera en la que la política antiterrorista de UCD y la propia actitud de Suárez ante el problema vasco fueron percibidas por la ciudadanía a través de la televisión.

3. Entre el silencio y la información. Dilemas en la lucha contra ETA y dificultades de un medio en transición

El 25 de mayo de 1979, el Teniente General del Ejército, Luis Gómez Hortigüela, salió de su domicilio para dirigirse a sus tareas a la espera de reunirse en un coche oficial con un chófer y otros dos coroneles, Jesús Ábalos Giménez y Agustín Laso Corral. En torno a las nueve y cuarto de la mañana, un comando de ETA armado con metralletas y granadas de mano atentó contra el vehículo y asesinó a sus cuatro integrantes. Hacía no mucho que se habían iniciado las negociaciones para la redacción del Estatuto de Guernica y en cinco días el presidente Adolfo Suárez subiría a la tribuna de oradores del Congreso para realizar una declaración institucional contra el terrorismo. Arreciaban los rumores acerca su posible aparición en TVE para calmar los ánimos, lo cual no llegó a producirse. Meses después, la periodista Pilar Urbano recordaba aquel episodio de la siguiente manera:

Recuerdo que en el avión que nos conducía a Sevilla para los actos del Día de las Fuerzas Armadas le insistíamos en que “hablase por televisión”. Y él respondía que no, que no podía mentir a los españoles diciéndoles que el terrorismo estaba en vías de desaparecer, porque quién le garantizaba que en los quince minutos siguientes no estallaba otro paquete de “goma-2 (Urbano, 1979).

La disyuntiva entre informar o no informar sobre el terrorismo o entre “hablar o no hablar” en televisión, haciendo alusión a las palabras de Urbano, fue uno de los grandes dilemas a los que tuvo que hacer frente TVE y el Gobierno centrista. Tal y como expone Virginia Martín (2011: 68), la estrategia televisiva de los primeros años de la Transición estaría “vinculada en gran medida a la estrategia gubernamental”, que optó por la vía intermedia entre informar y el “apagón informativo”. El objetivo de esto último era romper con el “ritual terrorista”. Ritual que se consuma cuando las acciones violentas consiguen alcanzar una dimensión mediática (Jenkins, 1984; Picard, 1993; Laqueur, 1997; Papacharissi y Oliveira, 2008; Sánchez Duarte, 2009). Según Eduardo Sotillos, profesional del medio televisivo en estos años y entrevistado por la misma autora:

Se intentó actuar con prudencia; puesto que hubo momentos que, por su gravedad, llevaban a establecer un compromiso entre todos los profesionales de la información con el fin de no poner en riesgo la democracia. No se podía transmitir la sensación de un país que se desmoronaba. Tengo que reconocer que se medían mucho los contenidos debido a esa prudencia y esa complicidad con la que se trabajaba. Y tanto los periodistas como todas las fuerzas políticas así lo entendieron (Martín Jiménez, 2011: 68).

Poco antes de los atentados contra el General Gómez Hortigüela, omitidos en uno de los espacios informativos más destacados del fin de semana, Informe Semanal,3 el periodista Carlos Arauz cuestionaba la “política del silencio” como fórmula para luchar contra el terrorismo y emplazaba a los medios de comunicación a “condenar más duramente cada vez, crear una conciencia y seguir, si fuera preciso, otros métodos más amedrentadores y disuasorios” (Arauz, 1979). El País igualmente denunciaría “la falacia de la tesis desinformativa”, recomendando ante el terrorismo “la información más amplia posible” siempre y cuando no entorpeciese la tarea de los servicios de seguridad (El País, 1979a). El primer texto se publicaba tras la manifestación del 8 de abril en Bilbao en repulsa por el asesinato de tres Policías Nacionales en San Sebastián. Fue una marcha convocada por todas las fuerzas políticas vascas a excepción de la Unión de Centro Democrático. En ella, los simpatizantes de Herri Batasuna profirieron gritos a favor de ETA, según cuenta la crónica de El País. El suceso fue silenciado deliberadamente por los informativos dominicales de Radio y Televisión Española, señala la misma noticia (El País, 1979b).

Meses más tarde, a propósito del fallecimiento de la activista Gladys del Estal por los disparos de la policía y el secuestro de ETA del delegado de Industria y Energía en Navarra, Ignacio Astiz, el Grupo Comunista censuraría la “versión deformada de los hechos” ofrecida por Televisión Española (BOCG, F-0074-II, 1979). A la disyuntiva entre informar o no informar se sumaba ahora el “cómo” y también el “por qué” informar de una manera determinada. La explicación a este hecho es sencilla: la nueva fase constitucional y el plan de dotar a RTVE de un Estatuto jurídico abría la puerta a la existencia de mecanismos de control sobre el medio público. Quejas como las del Grupo Comunista vendrían a denunciar la manera en la que TVE presentaba los acontecimientos y la posible inclinación partidista de la cadena.

A propósito de lo anterior, puede citarse un nuevo episodio ocurrido en agosto de 1979, apenas unos días después de la publicación del informe sobre el proyecto de Estatuto de Autonomía para el País Vasco. A tal informe siguieron unas declaraciones del que luego sería el primer lendakari, Carlos Garaicoechea, al diario norteamericano The New York Times. Fue el día 1 del mes cuando el presidente del Consejo General Vasco deslizó a la prensa la conveniencia de conceder una nueva amnistía mediante unas declaraciones luego matizadas por el propio Garaicoechea (El País, 1979c). Por su parte, ETA-pm afirmaría en una rueda de prensa clandestina haber mantenido negociaciones con el Gobierno de la nación para sacar a las Fuerzas de Orden Público de la cárcel de Soria y trasladar a varios presos a la región de Euskadi. A cambio, se acordaba el cese de los atentados en las playas mediterráneas. Otro ataque en la capital de España ocurrido el mismo día 1 llegaría como respuesta al incumplimiento de parte de este pacto secreto entre ETA y el Ejecutivo, según la versión dada por los terroristas. El Gobierno de UCD se encargaría de negar esta tesis de manera inmediata. Y varios diarios como El País y ABC reconocieron su asombro por la rapidez y “presteza” en que los medios estales como TVE se habían lanzado a desmentir la noticia (ABC, 1979).

Bastantes meses más tarde, en un País Vasco constituido ya como Comunidad Autónoma y con un Parlamento autonómico elegido por la ciudadanía, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) señalaría otro uso polémico de la pequeña pantalla. Sería en noviembre de 1980; poco después de que ETA asesinase al miembro del comité ejecutivo de UCD en Guipúzcoa, Juan de Dios Doval. La muerte del miembro de la formación centrista, detonante de otra oleada de fricción en el territorio y de movilizaciones populares que, en este caso, y pese a los altercados,4 recibieron un “excelente servicio informativo” en TVE (El País, 1980), derivó en un cruce de comunicados entre el Gabinete Suárez y el PNV con motivo de la creación del llamado “Frente para la paz”. Este acuerdo estuvo suscrito por la Unión de Centro Democrático (UCD), Partido Nacionalista Vasco (PNV), Partido Carlista (EKA), Partido Socialista de Euskadi (PSE-PSOE) y Partido Comunista de Euskadi (EPK). Procuraba ser un mecanismo para continuar la campaña de sensibilización y movilización de todos los sectores de la sociedad vasca por la pacificación y el rechazo de la violencia.

Llegado el 21 de noviembre, el órgano ejecutivo de la formación peneuvista, el Euskadi Buru Batzar (EBB), se retiraba de dicho acuerdo al considerar que el Gobierno estaba obstruyendo la aplicación real del Estatuto autonómico. El EBB indicaba además que, si la violencia y el terrorismo etarra eran apoyados por ciertos sectores del pueblo vasco, era precisamente por la frustración de “no ver ni creer en la instauración de una autonomía” (Diario 16, 1980). Tan solo veinticuatro horas más tarde, el Gobierno respondería lamentando las “intolerables justificaciones políticas a la actuación terrorista de ETA” en un País Vasco donde se aplicaba, “con pleno vigor”, la ley y el autogobierno (Diario 16, 1980a). El colofón final lo pondría la contrarréplica de la formación nacionalista el domingo 23 de noviembre. Fue una nota en la que se denunció la parcialidad mostrada por RTVE al haber dado solo la versión de una de las partes:

Resulta absolutamente intolerable, sobre todo si se enfatiza como lo hace la nota del Gobierno al decir que ‘la opinión pública habrá de valorar (nuestra nota) en sus justos términos, que el Gobierno haya leído su nota íntegra, con reiteración y énfasis, por radio y televisión, sin que previamente haya dado a conocer la nuestra por los mismos medios. Esto sucedía en los tiempos de Franco, y está claro en qué escuela han aprendido algunos la forma en que la opinión pública puede valorar en sus justos términos una determinada situación (ABC, 1980).

Las líneas anteriores forman parte de la retórica habitual de los partidos de la oposición (tanto a nivel nacional como autonómico) en lo que respecta a la utilización interesada de un medio que atravesaba en este periodo su particular transición (Bustamante, 2013). La batalla política en torno a la democratización de la cadena estatal sumó una dificultad añadida a la de por sí compleja tarea de informar sobre los atentados. La cobertura que hizo TVE sobre el fenómeno terrorista se vio enturbiada por la supuesta subordinación de la cadena a los objetivos de UCD. Sin embargo, el análisis de la programación demuestra que el medio público sí abordó el tema de forma recurrente, provocando incluso una sensación de “sobreabundancia informativa”5 que coadyuvó a normalizar los atentados (ABC, 1980a). Para Carlos Arauz, periodista de ABC:

Hasta hace poco la televisión tenía que disimular al máximo las noticias relativas al terrorismo para que el público no se alarmase, o para que el público mantuviese su fe en los personajes que le gobernaban, hoy no. Hoy (…) la televisión, portavoz inequívoco del Gobierno, pretende dar realce a las muertes terroristas con el fin de que los antes desinformados ciudadanos saquen las castañas del fuego. Pero se encuentra con que la gente no reacciona (…) que la indiferencia se ha apoderado avasalladoramente del cuerpo social (Arauz, 1979a).

De la misma manera, espacios concretos o de tipo monográfico hablan de un interés de la televisión por acercar a la audiencia un tema que no era posible presentar como anecdótico, dada la continua sucesión de asesinatos. Destaca por encima del resto el programa dirigido por Fernando Ónega, que recibió el título de Revista de prensa y donde se llegaron a reunir los directores de los grandes diarios del momento para discutir sobre cómo los periodistas debían informar acerca del terrorismo (Diario 16, 1980b). La óptica internacional fue otro recurso para tratar el asunto. Y así ocurrió en el antes mencionado Informe Semanal y en el programa informativo Pantalla Abierta,6 que en julio de 1979 dedicó un reportaje al terrorismo en Italia. Otras veces, en cambio, el medio audiovisual prefirió cancelar un espacio previamente grabado o modificar su programación. Ocurrió con el tema que El País trasladó al mismo Pantalla Abierta (El País, 1979d), basado en el terrorismo de ultraderecha (nunca se llegó a tomar en consideración). Algo similar pasó con la entrevista al profesor de la Universidad de Sevilla, Manuel Villar Raso, cuya intervención para el Encuentros con las letras del 20 de noviembre fue censurada a razón del argumento de su libro: los comandos terroristas en el País Vasco (Tabla 1).

Los ejemplos de esta lista certifican la existencia de un “tratamiento selectivo” (Rodrigo, 1991: 62) que aplicó Televisión Española y que se basó en la omisión o difusión de ciertos acontecimientos. La decisión de optar por uno u otro camino respondería a diferentes razones; desde la propia autocensura de los periodistas a motivos directamente relacionados con la política fruto de ese “pecado original” por el que TVE era considerada un departamento más de la burocracia estatal. Aunque es difícil conocer los criterios empleados por los directivos de Televisión para eliminar o prohibir un programa, la prensa del momento da cuenta de la existencia de la llamada Junta de Programas de TVE: organismo cuya misión era la de “orientar, aconsejar y, sobre todo, controlar el producto programado o emitido” (Banegas, 2015: 475). Con funciones similares a las que podrían tener las antiguas Comisiones Asesoras, de las que Adolfo Suárez había sido su secretario en 1964, la Junta de Televisión Española estaba integrada por los máximos responsables de la cadena.8

En el caso de la entrevista censurada a Manuel Villar, el periodista José Ramón Pérez Ornia indicaría: la emisión fue prohibida por decisión personal de Luis Ezcurra Carillo, subdirector de Radiodifusión y Televisión y, según varios autores, de los hombres más influyentes dentro de la Casa (Munsó, 2001; Morán, 2009). El procedimiento seguido por Luis Ezcurra fue censurar el programa amparándose en el dictamen emídido por el pleno de la Junta el 18 de diciembre de 1980 y apelando luego al fiscal general del Estado por posible apología del terrorismo. Dicho dictamen habría sido elaborado por el propio Luis Ezcurra, Juan Jesús Buhigas (adjunto a la dirección de TVE para la producción y gerencia de los Servicios Informativos) y Pablo Irazazábal (director de los Servicios Informativos). El artículo incluye una reproducción literal del acta:

(…) Fueron consultados el director de la segunda cadena y el subdirector de TVE para programas documentales varios. El primero comunica que conoce lateralmente el asunto y no ha tenido ninguna denuncia sobre posible apología del terrorismo. El subdirector de programas documentales y varios informa, igualmente, que no encuentra nada que pueda plantear la supresión del programa. Hasta aquí el informe del subdirector general. A continuación, se da lectura al escrito del fiscal general, que dice no debe emitirse este programa, ya que de lo contrario se incurriría en responsabilidad por apología en el terrorismo. El escrito se halla en poder del subdirector general de RTVE. Toma la palabra de nuevo el subdirector general de RTVE para insistir que siempre es preferible, ante un caso de duda, retirar un programa de su emisión, pero nunca debe ejercerse la censura (Pérez Ornia, 1981).

Es importante recordar que la dirección de Radiotelevisión Española estuvo ocupada entre 1977 y 1981 por Fernando Arias Salgado, hijo del exministro de Información y Turismo con el que se inauguró la Televisión y hermano del que en aquellos años era ministro adjunto al presidente (1980) y ministro de la Presidencia (1980-1981), Rafael Arias Salgado. Al frente de los Servicios Informativos de TVE, el citado Pablo Irazazábal, promocionado por Adolfo Suárez en sus tiempos como director general del Organismo (1969-1973) (Moran, 2009: 447). Dirigiendo el mencionado Revista de Prensa, el antiguo jefe de prensa del Gabinete suarista, Fernando Ónega. Ejemplos, todos ellos, del innegable entronque entre política y televisión.

Probablemente la mejor manera de comprender la dificultad de llevar el entramado etarra al escenario catódico sea atender a todo ese plano político, a la propia estrategia informativa de UCD en el caso particular de la lucha antiterrorista y a los debates que tuvieron lugar en el foro parlamentario. De los anteriores párrafos se deducen ciertas maniobras encaminadas a influir en el modo en el que el terrorismo era percibido por la opinión pública. Las mayores quejas por la supuesta tergiversación u omisión de los hechos y por la influencia del Gobierno en TVE se dieron en momentos precisos de repunte de la amenaza terrorista (con especial mención a los atentados en los que estaban implicados miembros del Ejército) o de cuestionamiento de la gestión del Ejecutivo (movilizaciones populares, supuestas negociaciones secretas entre ETA-UCD, etc.). El siguiente apartado sirve para dar una visión más amplia a este planteamiento.

4. La opinión pública ante la política antiterrorista. UCD, Suárez y el examen televisivo

El distanciamiento de Adolfo Suárez de la vida política venía siendo un clamor desde su investidura como jefe del Gobierno en marzo de 1979. Lo que acabaría por convertirse en el “síndrome de La Moncloa”, como diagnóstico a su arrinconamiento (Brey, 2016) sería, en mayo del mismo año, motivo de inspiración para el humor gráfico de la época (Imagen 1). A lo largo toda la legislatura, el Gobierno en general y Suárez en particular serían acusados de no saber gestionar la crisis que atravesaba la sociedad española. Crisis económica, crisis política y crisis ante la oleada terrorista.

Imagen 1. Adolfo Suárez y el “síndrome de La Moncloa”

Fuente: Diario 16 (29/05/1979)

Ese “apagón informativo” que protagonizó TVE en tramos puntuales fue parejo al comportamiento del presidente Suárez. El líder de UCD, consagrado en sus primeros años como un excelente interlocutor, como un “animal” del medio audiovisual que lo usaba como punto de contacto directo con la sociedad española, sufriría en esta etapa un rápido declive fruto de la hiperprotección de su entorno inmediato y las reticencias del político a participar en la vida parlamentaria (Fuentes, 2016: 185). La estrategia audiovisual-informativa que aplicó el Gobierno para encarar el crimen terrorista encuentra aquí parte de su justificación. La otra parte se debería a esa prudencia antes mencionada para no desestabilizar el cambio democrático.

Determinadas acciones recogidas en la prensa desvelan además la gran preocupación de UCD por la imagen que se daba del problema vasco en los medios de comunicación. Son dos los episodios que conviene mencionar, pues resultan representativos del nivel de importancia concedido a este problema. Ambos ocurren en el año 1979 y los dos tienen que ver con programas emitidos en cadenas de televisión extranjeras. El más temprano tuvo lugar en julio de este año y se dio a raíz de un reportaje emitido en la Radiotelevisión belga (RTBF): “Los vascos y ETA”. A colación de este programa, el Gobierno español elevó una queja formal a la embajada de Bélgica en Madrid y al Ministerio de Asuntos exteriores, refiriéndose al producto audiovisual como “claramente negativo” por su supuesta apología del terrorismo (A.G. 1979).9 El percance acabaría con la disculpa oficial del responsable de dicho Ministerio que, lamentando el contenido del reportaje, señaló la obligación constitucional de respetar la libertad de expresión, así como su negativa a intervenir en la selección de programas.

Dos entrevistas realizadas por la BBC en diciembre de 1979 protagonizaron un incidente parecido. La primera de ellas se llevó a cabo con miembros de ETA-pm y la segunda con el entonces ministro de la Presidencia, José Pedro Pérez-Llorca. Esta vez, el problema estaba en la proximidad entre ambas entrevistas, ya que las imágenes no aparecían lo suficientemente deslindadas. El 7 de diciembre, el Secretario de Estado para la Información, Josep Meliá, aseguraría a la prensa que el tema se estaba “investigando” (Diario 16, 1979), prueba fehaciente de que el conflicto terrorista y su canalización mediática ocupaba un lugar central entre los temas que intranquilizaban al partido.10

Por otro lado, la inacción de Suárez en aquellas fases en las que los crímenes de la banda terrorista acrecentaron el clima de tensión social fue muy mal vista en los principales órganos de prensa y las fuerzas de la oposición. En los años finales de Suárez como presidente, este apostó por reducir al máximo sus apariciones televisivas, según como él mismo reconocería, “para restar acritud a la vida política” (Pelaz y Martín, 2019: 257). Pese a las múltiples voces que le instaron a llevar a cabo un cambio de actitud, fueron contadas las ocasiones en que el líder centrista se citó con los medios de comunicación para hacer frente a la actualidad política. El plan respondía a un intento por evitar el desgaste de su imagen pública ante la operación de “acoso y derribo” iniciada contra su persona (Contreras, 2016). La estrategia no funcionó a la vista de encuestas como la recogida por numerosos diarios en el verano de 1980. Un 48 % de españoles se mostraba en desacuerdo con su forma de gobernar (El País, 1980a).

De este modo, Suárez delegó la tarea de “dar la cara” ante el terrorismo a miembros de su Gabinete, algunos de ellos, como el ministro de Interior, Ibáñez Freire, criticado también por sus “inermes” o inexistentes apariciones en TVE (Campmany, 1980). Quizá uno de los reproches más sonados se produciría a finales de 1979 tras una concatenación de sucesos11 que concluiría con el secuestro del diputado centrista, Javier Rupérez, reivindicado por ETA. La falta de explicaciones acerca de lo ocurrido llevaría a periódicos como Diario 16 a demandar una aparición televisiva del señor Freire para informar acerca del estado del político. A ojos de esta cabecera no había otra alternativa, ya que la situación era insostenible: “Si comparecer ante un bombardeo periodístico en directo en TV no es cómodo para Ibáñez Freire, lo sentimos por él, pero debe afrontar el trago” (Diario 16, 1979a).

La decisión de Suárez de no salir en la pequeña pantalla solo varió en ocasiones puntuales donde su presencia ante las cámaras resultó casi obligada. Merece la pena detenerse en su primera alocución televisiva después de las elecciones generales a fecha de 31 de octubre de 1979. Se trató de una convocatoria motivada en gran parte por una nueva escalada terrorista y los asesinatos del militante socialista Germán González López, primera víctima después de la aprobación en referéndum del Estatuto de Guernica, y del Guardia Civil, Manuel Fuentes Fontán. “Suárez rompe el silencio” (Pi, 1979) o “Suárez baja a la arena” (ABC, 1979a) fueron algunos de los títulos que abrieron la prensa del día siguiente. La reticencia del Primer Ministro a mostrarse ante los periodistas finalizaba con este acto público. El terrorismo etarra y el futuro autonómico formaron parte de los puntos centrales de su charla. El rechazo a una nueva amnistía fue una de sus aseveraciones. Y la posible gira por Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, una de sus promesas.

La comparecencia en Moncloa, ampliamente cubierta por Televisión Española, buscaba producir un golpe de efecto ante una opinión pública que observaba al presidente salir de su “búnker” para dar cuenta de los principales obstáculos a los que se enfrentaba la sociedad española. El terrorismo, por supuesto, era uno de ellos, y lo continuaría siendo hasta el cierre del año y a lo largo del nuevo curso. Pasarían varios meses hasta que Suárez repitiese un acto como este. Ni si quiera el mencionado asesinato del centrista Juan de Dios Doval fue suficiente para movilizar a un líder muy desgastado políticamente. En aquella ocasión, fueron Carlos Garaicoechea, para el Telediario del 31 de octubre (Ruiz de Azua, 1979), y Juan José Rosón, durante la noche del 8 de noviembre (Diario 16, 1980c), quienes se expusieron al difícil trámite de aparecer en TVE para condenar los atentados.12 La lectura que hizo Carlos Dávila fue la siguiente:

Adolfo Suárez, eso parece estar claro, piensa que el terrorismo no se destruye con apariciones regulares en televisión, lo cual, sin ser incierto, contradice en buena parte su tendencia en sus primeros tiempos como presidente a tratar desde la pequeña pantalla de infundir una cierta confianza al país, infundiéndole seguridad y sensación de autoridad (Dávila, 1980).

En cuanto a esto último, conviene recurrir a las reflexiones del que posiblemente sea el autor que haya trabajado con mayor profundidad sobre la vida y obra de Adolfo Suárez. Juan Francisco Fuentes (2016: 174), al respecto de la “telegenia” suarista y la utilización de la pequeña pantalla como eje de su proyecto político, recuerda cómo las alocuciones televisivas se convirtieron en un recurso habitual en momentos en los que era necesario infundir un mensaje de esperanza al país. El mismo autor añade: “la consolidación de la democracia suponía un mayor protagonismo del Parlamento y de los partidos políticos y, paralelamente, un peso decreciente de los poderes carismáticos […] A más democracia, más Parlamento; a más Parlamento, menos televisión”. El resultado de esta ecuación fue especialmente dañino en lo que atañe a la lucha antiterrorista, pues se tradujo en una sensación de incapacidad por parte del jefe del Gobierno para hacer frente a los crímenes de ETA. A nivel parlamentario, esa sensación fue compartida por diputados como Miguel Ángel Arreonda, quien recomendaría al Ejecutivo usar todos los mecanismos a su alcance para evitar el derrumbe moral de la sociedad. Estas fueron sus palabras:

El Gobierno, a través de resortes que están en sus manos, debe conseguir calar en el consciente y en el subconsciente de todos los españoles (…) Al Gobierno le pedimos eficacia en su sentido más pleno y que sea capaz de transmitir esa propia sensación de eficacia a la propia sociedad (Congreso de los Diputados, 1980, p. 6683).

Las declaraciones del político andalucista se producían en un Pleno, el del 24 de junio de 1980, en el que nuevamente se trató el problema del tratamiento mediático del terrorismo. En aquel debate, el socialista Gregorio Peces-Barba denunciaría la frivolidad y lejanía con la que el problema terrorista llegaba a la sociedad a través de los medios de comunicación del Estado. “Creemos que es errónea la filosofía que eso es hacer apología del terrorismo”, diría. Antonio Jiménez Blanco, en representación de UCD, ofrecería una réplica que es reveladora de cómo este partido interpretaba el papel que tenía que desempeñar el periodismo. Meses antes, el propio Jiménez Blanco había recomendado “autocontrol” para establecer el justo equilibrio entre la información y evitar la publicidad de los actos terroristas:

Con respecto al tema de la información, conoce perfectamente el señor Peces-Barba que el problema del hecho informativo del terrorismo es un problema planteado a todos los niveles (…) Es necesario, sin duda, una cierta dosis de información sobre el delito y la violencia. (…) Pero el problema surge cuando se considera el cómo y el cuánto de dicha información (…) El pueblo debe estar informado y lo está porque vivimos en un estado de libertad; pero, en todo caso, es un tema profundamente delicado (Ibidem, p. 6690).

5. Conclusiones

La polémica en torno al tratamiento y la cobertura televisiva de los crímenes de ETA no es algo exclusivo de los años 79 y 80, pero el contexto histórico, político y social de este periodo requería de un análisis concreto. Las desafortunadas declaraciones televisivas de Rodolfo Martín Villa, a la sazón ministro del Interior, tras los funerales de Constantino Ortín, Gobernador Militar de Madrid, en enero de 1979 –“si no acabamos con ETA, será ETA quien acabe con nosotros”– sirvieron para plantear una doble dimensión del problema vasco. La primera, que la lucha contra el terrorismo se presentaba larga y costosa, algo que ocurrió. Y la segunda, corroborada a raíz de la repercusión de estas palabras, que comunicar sobre el tema a través del medio de masas más poderoso del momento no era una tarea sencilla.

Durante el transcurso de los denominados “años de plomo” en los que ETA se cobró la vida de ciudadanos españoles semana tras semana, tanto la televisión, en su manera de ofrecer los acontecimientos, como el Gobierno de UCD, a través de su estrategia audiovisual, pusieron de relieve la compleja disyuntiva entre informar o no informar a la población. La técnica del “tratamiento selectivo” que había predominado en los años anteriores entraba en conflicto con las exigencias del marco constitucional. La necesidad de hacer de TVE un medio más independiente, sometido a un control parlamentario, así como la obligación de normalizar el ejercicio de “rendir cuentas” ante la ciudadanía, se entendían como requisitos básicos en la nueva forma de gobernar. En el lado opuesto de la balanza estaba el terrorismo y la continua desestabilización del proyecto de la Transición.

En un periodo marcado por el enfrentamiento político en torno a la democratización del medio público, cualquier uso interesado de la pequeña pantalla fue visto como un intento del Gobierno por seguir empleando la cadena a su servicio. En lo que respecta a la cuestión terrorista, las críticas por la inferencia gubernamental en la labor de TVE fueron similares a las que se dieron a lo largo de toda legislatura, con independencia de que en esta materia la intención fuera o no fuera evitar la desazón general y la consumación del “ritual terrorista”. Las protestas por la omisión de ciertos hechos formaron parte de los mensajes habituales de una prensa y una oposición sumada a la batalla por el control del medio. Pero comentarios sobre la “sobreabundancia informativa” y la normalización de la violencia demuestran que el problema de la mediatización del terrorismo iba más allá de la riña partidista.

Las interpretaciones de la prensa sobre los contenidos emitidos son una prueba del dilema que atravesaba TVE en la lucha contra ETA. El medio audiovisual estaría, por entonces, sumido en una tesitura en la que era necesario seguir manteniendo la prudencia de antaño para no poner en riesgo el cambio democrático y en la que la continua sucesión de atentados hacía imposible presentarlos como un suceso aislado. Ese “apagón informativo” que pudo darse en ocasiones contrasta con las continuas referencias a los atentados en los informativos y en los espacios o programas de tipo monográfico donde la banda terrorista y sus crímenes fueron protagonistas. Los intentos por minimizar el impacto de los atentados y las prácticas censoras más propias de otro tiempo ponen de relieve la delicada tarea de llevar el asunto a la pantalla del televisor.

En cuanto al papel Gobierno y en especial de Adolfo Suárez, la misma dificultad de informar o no informar sufrida por TVE y sus profesionales puso en jaque a un presidente que decidió no acudir a la fórmula que había empleado en sus primeros años de mandato. La entrada en vigor de la Carta Magna supuso el fin de la televisión como expresión del presidencialismo preconstitucional y acabó con el recurso del mensaje televisado como golpe de efecto para “ampliar su margen de confianza ante los españoles o desactivar una crisis política” (Fuentes, 2016: 174). En el desgaste de la lucha antiterrorista, Suárez fue sin duda de las figuras más perjudicadas, sino la que más, posiblemente por la caída de su faceta como “videolíder” con la que había logrado consolidarse. A mayores estaría su propio arrinconamiento y la operación de “acoso y derribo” que se hizo implacable en los últimos meses de 1980.

La decisión de Suárez de no salir en televisión, de salir en ocasiones contadas –dejando “más sombras que luces”, como diría Pedro J. Ramírez (Ramírez, 1980)– o la de delegar la tarea en otros miembros de su Gabinete, fueron síntomas de ese “síndrome de La Moncloa” que terminó con una caída en picado de su popularidad. Si bien el alejamiento del presidente pudo responder a una intención real de no aumentar dramatismo a la vida política, aquello no fue bien valorado por la opinión pública, a la vista de algunas encuestas que cuestionaron su manera de gobernar y de otras que señalaron el problema terrorista como uno de los más acuciantes de la realidad española. En el propio Parlamento, el debate sobre informar, no informar o informar de manera adecuada demuestra el nivel de interés que también prestaban el resto de fuerzas. La televisión optó por el equilibrio. Equilibrio parcial, prudente, adecuado o inefectivo, según la opinión de los diferentes actores y medios de comunicación.

Trabajos como este, como los que se recogen en el texto y como los que seguramente estén por venir, certifican la relevancia de una línea de investigación aun hoy poco estudiada. Aquí se ha puesto el foco sobre la televisión pública y sobre unos años marcados como nunca antes por la violencia terrorista. La presencia de ETA en la realidad española seguiría durante décadas, por lo que atender a ese desarrollo puede guiar las futuras aportaciones. Las posibilidades son numerosas: enfoques comparados, transnacionales, nuevas técnicas, herramientas metodológicas, entre muchas otras. Todo ello servirá para dar una visión más redonda, completa y, desde luego, necesaria.

6. Agradecimientos

Este artículo ha sido traducido al inglés por Brian O´Halloran.